Información general

PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es la norma que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas a nivel estatal. En la Comunidad Autónoma de Canarias la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública se ajusta a la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre desarrollando, adaptando y completando su contenido para su aplicación el archipiélago .

Según el art. 3. de la Ley de transparencia de Canarias Las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario están obligadas al cumplimiento de la obligación de transparencia, cuando la cuantía percibida sea superior a 60.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro representan un elemento de unidad social que luchan en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la creación de redes de inclusión y solidaridad. En definitiva, son una pieza imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad.

Unas organizaciones y entidades ciudadanas transparentes y comprometidas con la transparencia son la garantía de un buen uso de los recursos públicos y de una adecuada gestión y ejecución de planes, programas, proyectos y acciones en colaboración con la administración.

El desempeño de la transparencia por el lado de las entidades que perciben ayudas públicas, es ya una obligación normativa y un requisito imprescindible para poder acceder a cualquier tipo de financiación pública.

En esta página pretendemos reflejar toda la información sobre quienes somos, que normas regulan nuestro funcionamiento, nuestras actuaciones y su impacto en las comunidades con las que trabajamos, los datos económicos sobre ingresos y gastos, la información sobre las subvenciones recibidas, los distintos proyectos realizados y demás información exigida legalmente.

En el año 1982 se crea e inaugura en la isla de La Palma el Gabinete Psicosocial delegado del Centro de Ayuda al Toxicómano de Santa Cruz de Tenerife, dependiente de la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel que fue cerrado años más tarde.

Pese a este contratiempo, un conjunto de personas trabaja con el propósito de consolidar una red asistencial para la asistencia a los enfermos toxicómanos en nuestra isla. A finales de año 1985, es decir, hace 35 años, cuando se vislumbra el origen de lo que es hoy la Asociación Palma para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías.

Siguiendo la cronología de los hechos más destacados de esta Asociación, hemos de añadir que, en el mes de octubre de 1986, se constituye mediante escritura pública nº 1085, el “Centro de Prevención y Tratamiento de Drogodependencias, Sociedad Anónima Laboral”. Más tarde, en diciembre del mismo año se firma en Santa Cruz de La Palma el Convenio Programa entre la Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, los Ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, San Andrés y Sauces y La Sociedad Anónima Laboral “Centro de Prevención y Tratamiento de Drogodependencias”. Así, como tal Sociedad Anónima Laboral funciona hasta el mes de enero de 1990, en que se constituye la actual Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías.

De tres profesionales hemos pasado a catorce, los programas que se ofertan y la demanda asistencial ha ido aumentando a lo largo de los años tanto, en el número de pacientes como de familiares atendidos. A nivel preventivo se han instaurado proyectos/programas a nivel comunitario, escolar, familiar y laboral. Hemos firmado convenios de colaboración con otras instituciones insulares, comunitarias y nacionales para la formación de alumnos de módulos, ciclos, grados medio y superior, máster.

En el ámbito de la incorporación social, mantenemos contacto y acuerdos con las instituciones públicas y privadas de la isla, haciéndoles partícipes de las mejoras biopsicosociales que los pacientes y familiares experimentan.

Esta asociación no tiene obligación de tener instaurado un canal interno de información establecido de la Ley 2/2023 por no contar con al menos 50 trabajadores ni entrar en el ámbito de aplicación descrito en el artículo 10.1 b) de la Ley 2/2023.